El Convenio de Corresponsabilidad es el instrumento legal que vincula a los productores autorizados de tequila con el Consejo Regulador del Tequila (CRT) y, a través de éste, con el sistema de protección de la Denominación de Origen Tequila. Para cualquier empresa que opere dentro de la cadena productiva del tequila, sea productor, envasador, importador o exportador, este convenio no es un trámite administrativo secundario: es el eje sobre el que descansa su derecho a usar legítimamente la denominación protegida. En el despacho RAMÍREZ ESTEVES, como especialistas en propiedad intelectual que trabajamos con la industria tequilera observamos que entender a fondo su contenido, alcance y consecuencias jurídicas resulta indispensable para operar con certeza en esta industria.

¿Qué es la Denominación de Origen Tequila y quién la administra?

La Denominación de Origen Tequila (DOT) fue declarada por el gobierno mexicano en 1974 y está protegida tanto por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) como por la Declaración General de Protección vigente. Su uso está reservado para los productos que se elaboran en la zona geográfica delimitada (principalmente Jalisco y partes de otros cuatro estados) y que cumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2012.

El CRT es el organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) para verificar el cumplimiento de la NOM y emite los certificados que amparan cada lote de producción. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es la autoridad que administra el registro de la denominación de origen a nivel nacional y otorga las autorizaciones de uso.

El Convenio de Corresponsabilidad: naturaleza y función

El Convenio de Corresponsabilidad es el acuerdo formal mediante el cual el productor, envasador o importador de tequila se compromete a respetar y cumplir la NOM-006-SCFI-2012 y las reglas del CRT, a cambio del derecho a usar la denominación de origen en sus productos. Su función es doble: por un lado, establece las obligaciones concretas del operador autorizado; por el otro, distribuye responsabilidades entre el particular y el organismo certificador frente a posibles incumplimientos.

Desde la perspectiva de la propiedad intelectual, este convenio opera como la concreción contractual de la autorización de uso otorgada por el IMPI. Sin él, cualquier uso de la palabra “Tequila” en el etiquetado, comercialización o exportación de un destilado constituye una infracción administrativa sancionable bajo la LFPPI, con independencia de que el producto haya sido elaborado con agave azul tequilana weber en territorio autorizado.

Contenido esencial del convenio: qué se firma y qué se acepta

Los Convenios de Corresponsabilidad del CRT siguen un formato estandarizado. Sus cláusulas más relevantes desde el punto de vista jurídico incluyen:

Obligaciones de producción y certificación

El productor se obliga a elaborar el tequila exclusivamente con agave azul tequilana weber, en instalaciones ubicadas dentro del territorio amparado por la denominación, y conforme a los procesos descritos en la NOM. Toda modificación en las instalaciones, capacidad de producción o proveedores de materia prima debe notificarse al CRT para su verificación previa.

Trazabilidad y registros

El convenio impone obligaciones de registro documental a lo largo de toda la cadena de producción: desde la compra de agave hasta el envasado y la salida del producto al mercado. Esta trazabilidad es la base sobre la que el CRT puede certificar cada lote y, en caso de controversia, reconstruir el proceso productivo para determinar si se cumplió con la NOM.

Verificación e inspección

El firmante acepta que el CRT realice visitas de verificación, auditorías y toma de muestras en cualquier momento, dentro de los horarios y condiciones establecidos. La negativa injustificada a permitir una verificación puede interpretarse como incumplimiento del convenio y activar el procedimiento de suspensión o cancelación de la autorización de uso.

Etiquetado y uso de la denominación

El convenio define los parámetros bajo los que puede aparecer la denominación “Tequila” en las etiquetas: categoría del producto (blanco, reposado, añejo, extra añejo, joven), tipo (100% agave o tequila mixto), y datos del productor o envasador. El uso de la denominación en canales de distribución, plataformas digitales y materiales publicitarios queda igualmente sujeto a estas reglas.

Consecuencias del incumplimiento: frente al CRT y frente al IMPI

El incumplimiento del Convenio de Corresponsabilidad tiene dos vertientes de consecuencias jurídicas que conviene distinguir claramente.

Ante el CRT

El CRT puede suspender la emisión de certificados para los lotes producidos por el operador infractor, lo que impide su comercialización legal. En casos graves, puede revocar la condición de productor autorizado, con lo que el operador pierde el derecho a certificar cualquier producto como tequila. Este procedimiento se rige por las reglas internas del CRT y puede involucrar etapas de audiencia y recurso.

Ante el IMPI

El uso de la denominación de origen sin autorización vigente, o en condiciones que contravengan los términos de la autorización, constituye una infracción administrativa bajo el artículo 223 de la LFPPI. Las sanciones incluyen multas, clausura del establecimiento, y la orden de destrucción o modificación del producto en circulación. En contextos de exportación, el incumplimiento puede además dar lugar a acciones de parte de las autoridades del país de destino o de los titulares de las certificaciones internacionales de reconocimiento mutuo.

El convenio en el contexto de la exportación: NOM y reconocimientos internacionales

La industria tequilera es fundamentalmente exportadora: más del 70% de la producción certificada se destina a mercados internacionales, siendo Estados Unidos el principal receptor. En este contexto, el Convenio de Corresponsabilidad adquiere una dimensión adicional, porque los acuerdos de reconocimiento mutuo suscritos por México, incluyendo el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo entre México y la Unión Europea, exigen que el producto exportado bajo la denominación cuente con certificación válida del CRT, cuya base es precisamente el cumplimiento del convenio.

Un productor que incumple el convenio no solo pierde la posibilidad de certificar lotes para el mercado nacional. Pierde también el acceso a mercados internacionales donde la denominación de origen es el activo de valor que distingue al tequila de otros destilados competidores. Desde la óptica de la gestión de activos intangibles, la vigencia y el cumplimiento del convenio son tan relevantes para el negocio como el registro marcario del nombre comercial de la empresa.

Errores frecuentes en la gestión del convenio

La experiencia del despacho en asesoría a empresas de la industria tequilera permite a nuestros expertos identificar algunos errores recurrentes que generan vulnerabilidad jurídica:

• Tratar el convenio como un trámite de inicio. El convenio no se firma una sola vez y se olvida. Sus obligaciones son continuas y se actualizan cada vez que el operador modifica su proceso productivo, su capacidad instalada o sus condiciones de envasado. Las modificaciones no notificadas al CRT constituyen incumplimiento.
• Descuidar la trazabilidad documental. La falta de registros actualizados sobre compra de agave, producción por lote y movimientos de inventario es la causa más común de observaciones en las verificaciones del CRT. Un sistema de registro deficiente puede derivar en la imposibilidad de certificar lotes completos.
• Usar la denominación en canales digitales sin revisión legal. Las redes sociales, los sitios de e-commerce y los mercados internacionales en línea son espacios donde el uso de la denominación queda igualmente sujeto a las reglas del convenio. El uso inadecuado en estos canales puede atraer tanto acciones del CRT como reclamaciones de terceros por uso indebido de la denominación.
• No prever el escenario de transmisión de la empresa. En operaciones de fusión, adquisición o restructura corporativa que involucran a productores de tequila, el convenio no es transferible automáticamente. El nuevo operador debe formalizar su propia autorización ante el IMPI y suscribir el convenio correspondiente antes de continuar usando la denominación.

Vinculación con el registro marcario: un activo complementario

La denominación de origen y las marcas de la empresa no son la misma figura jurídica ni se gestionan de la misma manera, pero su interacción es constante. Una empresa tequilera puede tener registrada su marca ante el IMPI en las clases correspondientes y contar simultáneamente con la autorización de uso de la denominación de origen. Ambos activos se protegen por vías distintas: la marca, mediante el registro y su renovación periódica; la denominación, mediante el cumplimiento continuo del convenio y las obligaciones de la NOM.

El conflicto surge cuando una empresa pretende registrar como marca un término que podría confundirse con la denominación de origen, o cuando una marca extranjera intenta operar en mercados donde el tequila tiene reconocimiento protegido. En estos escenarios, el Convenio de Corresponsabilidad es también una herramienta de defensa: acredita el uso legítimo y autorizado de la denominación frente a reclamaciones de terceros.

Conclusión

El Convenio de Corresponsabilidad no es un requisito burocrático que se cumple al inicio de las operaciones. Es un instrumento jurídico vivo, con obligaciones continuas, que define el perímetro dentro del cual una empresa puede explotar legítimamente uno de los activos más valiosos de la propiedad industrial mexicana: la Denominación de Origen Tequila. Su gestión adecuada requiere una visión integrada que combine el cumplimiento normativo ante el CRT, la gestión del registro marcario ante el IMPI y la supervisión constante del uso de la denominación en todos los canales de comercialización. Desde el despacho RAMÍREZ ESTEVES acompañamos a las empresas en esta gestión integral. Las empresas que tratan este convenio con la seriedad que merece no solo evitan sanciones: construyen una posición jurídica sólida para competir en mercados nacionales e internacionales.